El necesario ejercicio de la memoria colectiva sobre la violación de los derechos humanos en el país

Abril de 2017          

Una vez más este 24 de marzo convocó a todas las generaciones y sectores sociales a un ejercicio de memoria. Como la experiencia nos demuestra, la memoria y la historia no se congela de una vez y para siempre, sino que reclama una lucha permanente para incorporarla a las necesidades del presente.

En las actuales circunstancias, la consigna convocante de: “Son 30.000, fue genocidio”, sintetiza un reclamo insoslayable frente a ciertos hechos que alientan un escenario negacionista,  destinado a minimizar los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar, como así también a diluir la responsabilidad del Estado en el genocidio.

Desde Plataforma 2012 consideramos que estas prácticas tendientes a ocultar y distorsionar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante aquel período por parte de los poderes dominantes, constituyen un mecanismo que busca la alienación y el sojuzgamiento de la población argentina. Estas políticas deben catalogarse de genocidas al igual que todas aquellas políticas de exterminio orientadas a una determinada comunidad o grupo social, sea ésta definida en términos étnicos, sociales o políticos.  En este orden, consideramos importante subrayar dos cuestiones. En primer lugar, las prácticas genocidas van más allá del terrorismo de Estado y abarcan no solo la aniquilación de una fuerza social sino también la destrucción y reconfiguración de relaciones sociales de acuerdo a los intereses del poder dominante. En el caso argentino, el genocidio no sólo buscó terminar con las organizaciones armadas; se ocupó también de destruir a todas aquellas organizaciones sociales (trabajadores, estudiantes, campesinos, barriales, profesionales, políticas, etc.) capaces de cuestionar y enfrentar el orden establecido. En segundo lugar, en los procesos genocidas, la represión va acompañada de una actitud negacionista. Esto sucedió en los casos de los campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi, en el genocidio armenio, en la masacre de campesinos indígenas en Guatemala y también en el genocidio indígena en la Argentina, enmascarado bajo la denominación de “conquista del desierto”. Los efectos sociales, culturales y psicosociales de estos traumatismos atraviesan las generaciones, hasta llegar a nuestros días.

En la Argentina, la última dictadura cívico-militar anuló la vigencia de la Constitución y mediante el llamado Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional suprimió todas las garantías para la población. Inmediatamente, violando su propia ilegal legalidad, ésta pasó a reprimir masiva y violentamente, inaugurando como figura paradigmática la desaparición de personas e implantando más de 600 Centros clandestinos de detención en todo el país. La represión, además de clandestina, fue acompañada de una campaña de acción psicológica para inducir  al  silencio  y  culpabilizar a las  víctimas y  sus  familiares.

La desaparición de personas fue un plan sistemático y el terror alcanzó dimensiones irrepresentables. La mayoría de los familiares no conocen aun lo que ocurrió con sus desaparecidos. Se cometieron crímenes tan atroces como la apropiación de niños, por los cuales centenares de personas siguen privadas de su derecho a la identidad. Estas atrocidades explican por qué a más de 40 años de estos hechos, las heridas siguen abiertas y resulta imprescindible mantener viva la memoria de lo ocurrido.

Pese a ello, el intento de negación de la magnitud del genocidio dictatorial reaparece una y otra vez, bajo diferentes formas y pretextos. Frente a estos hechos, los movimientos sociales contra la impunidad, que comenzaron ya durante la dictadura misma, con la consigna de Juicio y castigo a los culpables, mostraron siempre un carácter masivo y persistente a lo largo de más de 40 años.

La coyuntura de los últimos quince años es particularmente preocupante. Por un lado, a diferencia de intentos gubernamentales del pasado por minimizar el genocidio, el gobierno pasado instaló un giro en la política de derechos humanos respecto del pasado dictatorial, el que fue acompañado también por un claro intento por apoderarse de los movimientos por los derechos humanos de Argentina y de su gran capital simbólico. En esta línea, el gobierno de Néstor Kirchner apoyó la anulación de las leyes de Punto final y Obediencia Debida, lo cual permitió reanudar y dar un nuevo impulso a los juicios a los militares comprometidos en crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la posterior sanción de las leyes antiterroristas, la no investigación del secuestro de Julio López y –de modo crucial- el nombramiento de César Milani como comandante en jefe del Ejército en año 2013, seriamente cuestionado por distintas organizaciones sociales, marcaron un claro retroceso. Por último, cabe agregar que todavía sigue vigente la demanda de investigación, desclasificación y publicación de los archivos de la dictadura militar para esclarecer muchos hechos que todavía siguen ocultos.

Desde los primeros días de la asunción de Mauricio Macri, el negacionismo fue tomando presencia, lo cual incluyó la participación directa del presidente que tildó al genocidio de “guerra sucia” y dijo “no saber” cuántos fueron los desaparecidos. A esto se sumaron las declaraciones de funcionarios como Gómez Centurión, quién negó públicamente la existencia de un plan sistemático de desaparición y cuestionó el número de desaparecidos para quitarle dramatismo a la cuestión. La postulación de Carlos Horacio de Casas, defensor de militares responsables de violaciones de derechos humanos, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es otro de los hechos concretos que muestra una preocupante posición del actual gobierno frente a un tema tan relevante para la sociedad argentina.

El cuestionamiento del número de víctimas sin pruebas ni información adecuada, alienta un escenario que busca cuestionar el tema de fondo: la existencia de un genocidio y la responsabilidad del Estado y sus cómplices en el hecho, así como en la necesaria investigación. Lo que se pretende ocultar es que el Estado es el responsable de garantizar los derechos humanos; lo que se busca es culpabilizar a las víctimas directas e indirectas del terrorismo de Estado; lo que se propone como fin es silenciar la actualización de la memoria colectiva sobre lo ocurrido. En este contexto, el llamado a la “reconciliación” tiene como objetivo la búsqueda de impunidad.

Por el contrario, tal como vienen reclamando organismos de derechos humanos y múltiples organizaciones sociales, lo que debería hacerse es abrir los archivos de la dictadura militar, para tener precisiones no sólo sobre el número de afectados, sino también para conocer el destino de miles de desaparecidos y restituir la identidad de cientos de jóvenes que fueran apropiados. Sin mediar investigaciones, la respuesta oficial continúa siendo que los archivos estarían destruidos, cuando la experiencia internacional muestra que ningún Estado destruye sus archivos.

Por todo lo expuesto, desde Plataforma 2012 nos oponemos a la manipulación y negación del genocidio perpetrado por la última dictadura cívico-militar. Tampoco aceptamos que se desvirtúen, por intereses sectoriales de ningún tipo, las conquistas logradas a través de largos años de lucha, de quienes siguen comprometidos genuinamente con la defensa de los derechos humanos en el país y rechazan de plano cualquier uso político partidario. La defensa irrestricta de los derechos humanos, la denuncia de todas las violaciones a los mismos y la condena a los crímenes de las dictaduras sigue siendo un logro social, que necesitamos legar a las generaciones futuras de argentinos, y que debe sostenerse independientemente de los gobiernos y las disputas partidarias. En fin, se trata de un punto innegociable, la base imprescindible desde la cual pensar un genuino contrato social democrático.

Una vez más reafirmamos nuestro compromiso con la demanda de verdad y  justicia y con la construcción  de  la  memoria  histórica  de  nuestro pueblo.

Osvaldo Acerbo, Julio Aguirre, Jonatan Baldiviezo, Héctor Bidonde, Jorge Brega, Gaston Burucúa, Diana Dowek, Lucila Edelman, Roberto Gargarella, Diana Kordon, Darío Lagos, Alicia Lissidini, Rubén Lo Vuolo, Gabriela Massuh, José Miguel Onaindia, Marcelo Plana, Patricia Pintos, Daniel Rodríguez, Ana Sarchione, Maristella Svampa, Ruben Szuchmacher, Nicolás Tauber Sanz, Jaco Tieffenberg, Enrique Viale, Patricia Zangaro.

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